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Indefensión

Sí, otra vez toca enfrentarse al muro de la estupidez, mentira, mercantilismo o simplemente incapacidad de la Administración, en este caso, autonómica.

Desde hace año y medio mi madre se encuentra internada en un Residencia para enfermos de Alzheimer de la Comunidad de Madrid pero gestionada por la empresa privada Clece, porque ya sabemos todos que la gestión privada es más eficiente (aunque algunos sospechemos que la eficiencia se refiere únicamente a un supuesto ahorro económico a costa del bienestar de los pacientes, que al fin y al cabo siendo en su mayoría enfermos de Alzheimer tampoco se van a enterar).

En octubre del año pasado el médico de la Residencia tomó la decisión de administrar a mi madre el medicamento Risperdal indicado en el caso de pacientes de Alzheimer para tratar a corto plazo conductas agresivas, bien porque se hacen daño a sí mismos o a otros.

Este tratamiento lo mantuvo ininterrumpidamente desde la última semana de Octubre hasta finales de Abril de este año, sin informar a los familiares ni de ese supuesto comportamiento agresivo de la paciente ni tampoco del medicamento que le estaba suministrando.
En el propio prospecto del medicamento pone lo siguiente:

Si usted o su cuidador observan un cambio súbito de su estado mental o la aparición repentina de debilidad o entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas, sobre todo si es un lado, o habla confusa, aunque sea por poco tiempo, busque tratamiento médico inmediatamente. Puede ser signo de un infarto cerebral.

Es más la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (dependiente del Ministerio de Sanidad) también dice lo siguiente:

En todos los casos, se debe informar a pacientes y cuidadores de que, ante cualquier signo o síntoma sugerente de un episodio isquémico cerebral, como debilidad o entumecimiento repentino de cara, brazos o piernas, y problemas del habla o visuales, lo notifiquen inmediatamente a su médico, debiéndose de interrumpir el tratamiento.

Es decir que de lo que pone el prospecto del medicamento así como de lo que indica la agencia gubernamental se deduce que se debe informar a los cuidadores y los familiares, desde el momento que se ocupan del enfermo durante unas horas cada día son también cuidadores, y no olvidemos que la consecuencia de no informar debidamente a los cuidadores podría desembocar en un infarto cerebral que puede acabar en la muerte del paciente, es decir no se trata de una simple cuestión burocrática.

Pero hay más, en el prospecto del medicamento se indica que el tratamiento para enfermos de Alzheimer no debe superar las 6 semanas, sin embargo el médico de la Residencia mantuvo el tratamiento durante 6 meses (doy por hecho que todos los médicos son capaces de diferenciar una semana de un mes).

Además en Enero de este año, tuvo que ser llevada al Hospital donde los neurólogos y geriatras emitieron un informe en el que se reflejaba la medicación que el médico estaba suministrando hasta ese momento (por tanto en la lista aparecía el Risperdal) e indicando cuales eran los medicamentos y dosis que debía suministrar a partir de ese momento sin que apareciera en la nueva lista el dichoso medicamento, lo que en la práctica significaba que eliminaban ese medicamento del tratamiento de mi madre. Sin embargo el médico hizo caso omiso de esta indicación y continuó suministrandoselo a pesar del informe del Hospital de Getafe. Esta situación se mantuvo hasta finales de Abril en el que se indicó expresamente por parte de neurología que se le retirara progresivamente ese medicamento y fuera sustituido por otro mucho menos agresivo.

Toda esta información se le remitió a la Comunidad de Madrid, tras dos quejas practicamente ignoradas (bueno con la típica respuesta de la palmadita en la espalda) a la dirección del centro.
Y la respuesta de la Comunidad de Madrid fue la siguiente:

Secretaría General Técnica
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Queja/Sugerencia n: 184/2013

Centro: GETAFE ALZHEIMER, RESIDENCIA DE TERCERA EBAD
Nº registral; C2747

Estimada Sra. XXXXXX:

En primer lugar quiero agradecerle la confianza que nos ha depositado al poner en nuestro conocimiento la situación de su familiar en el centro "GETAFE ALZHEIMER, RESIDENCIA DE TERCERA EDAD". Con esta colaboración que nos presta podemos mejorar el control que desde la Consejería de Asuntos Sociales, se realiza a todos los centros de carácter social.

Tal y como se le informó en el escrito de fecha 30 de mayo de 2013, su queja fue remitida a las siguientes unidades para que realizasen las actuaciones oportunas en el ámbito de sus competencias:

Área de Inspección de Servicios Sociales.
Dirección General del Mayor, al ocupar su familiar plaza financiada con fondos públicos.

Recibidos ios informes de ambas unidades, ponemos en su conocimiento que sin entrar a valorar la corrección o incorrección de la praxis médica de los hechos manifestados en su escrito, al no corresponder a esta Consejería su valoración, desde ia Dirección General del Mayor se informa que ei tratamiento pautado por el médico de la residencia es para mejorar ios trastornos conductuales que presentar su famirliar, no infiriéndose que esta pauta esté contraindicando lo reseñado en los informes médicos anteriores al ingreso, o que no se puedan volver a prescribir. Tras la derivación al neurólogo el centro sigue las pautas marcadas por el especialista.

En la actuación inspectora se comprueba que su familiar dispone del correspondiente expediente de atención especializada, con los informes técnicos correspondientes, diagnósticos, tratamiento prescrito, seguimiento y evaluación del programa, así como las incidencias producidas en su desarrollo. No obstante, se ha requerido a la residencia para que conste en el programa de atención individual del residente, la acreditación documental de la participación y conocimiento en el mismo, al objeto de que quede garantizado el derecho de información asistencial al usuario, su representante legal, o en su defecto de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

En todo caso ponemos en su conocimiento que desde la Consejería de Asuntos Sociales se seguirán llevando a cabo las inspecciones y controles periódicos, tendentes a que se garantice la correcta atención de todos los usuarios, siendo de vital importancia para mejorar el servicio que prestamos la información que usted nos ha facilitado, y que tendremos presente en los seguimientos que se realicen en el centro en cuestión.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, puede dirigirse a la Unidad de Atención de Quejas y Sugerencias cuyos datos identificativos constan en el encabezado del presente escrito.

Atentamente,
La subdirectora general de control de calidad, inspección, registro y autorizaciones.

Después de leer este escrito a uno le queda la duda de si esta gente piensa que somos tontos o simplemente que no valemos lo suficiente para que pierdan su tiempo en elaborar una respuesta mínimamente inteligente o cuanto menos coherente.
En su ¿respuesta?, la subdirectora general de control de ¿calidad? dice que el tratamiento del médico no está contraindicando lo reseñado en los informes médicos anteriores al ingreso obviando, supongo que porque no le interesa, el hecho innegable que la continuación de ese tratamiento a partir de Enero de este año, entra en contradicción con los informes médicos del Hospital de Getafe emitidos en ese mes, en los que se retira el tratamiento con ese medicamento.

Además decide pasar por alto, amparándose en que no les corresponde valorar la corrección o incorrección de Ia praxis médica, el grave hecho del comportamiento del médico cuando decide imponer ese tratamiento sin informar a los familiares (que también son cuidadores) contraviniendo las disposiciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como lo indicado en el propio prospecto del medicamento, y de igual forma decide mirar para otro lado ante el hecho, también probado, de la administración por parte de este médico de un medicamento que comporta riesgos de provocar la muerte, durante 6 meses excediendo en mucho el límite máximo (6 semanas) que el propio prospecto impone para este medicamento y estos enfermos.

Está claro que esto no hace más que confirmar la idea que muchos tenemos de estar completamente indefensos frente a las arbitrariedades de la Administración o de aquellos que tienen cierto interés, no se de qué tipo, para las Autoridades.

Al fin y al cabo los enfermos de Alzheimer no van a proporcionar ningún beneficio mientras que las empresas privadas que gestionan la sanidad sí pueden resultar más interesantes por lo que la balanza de la ¿justicia? parece claro hacia donde se inclinará como así ha ocurrido.

Y si la Comunidad no va a valorar si ha habido o no mala praxis médica yo tampoco voy a imaginar cuales han podido ser las motivaciones de este médico para hacer lo que ha hecho durante esos seis meses, ni tampoco voy a suponer nada sobre si hay o no hay motivaciones interesadas en la Comunidad de Madrid para echar tierra sobre asuntos que pudieran tener algo turbio y que impliquen a cargos políticos o a empresas privadas con las que mantienen una relación desde hace tiempo. No, no voy a hacer ese análisis, simplemente he querido en este escrito exponer los hechos y aportar toda la documentación que obra en mi poder y dejar que cualquiera que lea esto, juzgue los hechos como mejor considere.